Provinciales

Ley antidoping para políticos: Una normativa para la gilada

Ya han pasado varios meses de la aprobación de la ley y de la ordenanza, de lo que se denominó “Antidoping para funcionarios”, pero a la fecha aún no hay un solo funcionario que se haya realizado los análisis para detectar o descartar drogas en su organismo.

Cuando se desarrollaban los debates previos a las distintas aprobaciones de las normativas, hubo muchas palabras destacando los alcances de la ley y de la ordenanza, luego llegó la aprobación y a medida que se iba la efervescencia u exaltación de lo logrado, más lejos se iba la realización de alguna prueba.

Hasta el momento no hay un solo funcionario, legislador, intendente o concejal que se haya practicado análisis alguno, ni siquiera uno para enarbolar los resultados destacando lo negativo del análisis antidroga.

En política muchas veces se dice por los pasillos o en reuniones chicas, que hay que hacer declaraciones o actos para la gilada, pero esta nefasta postura llegó aún más lejos, por ejemplo, hacer, dictar y promulgar leyes para que esa gilada (pueblo) se quede tranquila.

 

¿Qué dice la ley?

 

La Ley 1233 en relación al REQUISITO OBLIGATORIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO- EL CARECER DE ADICCIÓN A DROGAS ILEGALES, fue sancionada el 13 de julio del 2018.

La ley establece la obligación de realizarse, a todos los funcionarios, el examen de detección de metabólicos de drogas.

En el caso de detectarse sustancias ilegales se procederá al cese de la designación; y a la suspensión o revocación del mandato para los funcionarios electos.

La norma alcanza desde la Gobernador/a y Vicegobernador/a hasta el rango de subsecretarios/as, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal superior y subalterno de la policía, Servicio Penitenciario Provincial y Órganos de control, así como al Poder Legislativo y Judicial, invitando a los Municipios a adherir a la misma.

Secretaria General de Gobierno y las áreas de recursos humanos confeccionará el listado de funcionarios comprendidos por la ley. Los mismos serán seleccionados de forma periódica por medio de un orden determinado por un mecanismo de sorteo. 48 horas después del procedimiento los funcionarios serán convocados y deberán presentarse a las 48 horas siguientes. Si no se presentaran con acreditación debida de impedimento, serán incorporado nuevamente y por única vez en el período, en el listado de sorteo.

 

En el caso de que el funcionario se niegue a realizar el examen o presente un segundo impedimento, se procederá a iniciar juicio político (en el caso de funcionarios electos), enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura (funcionario comprendido a dicho procedimiento), acto administrativo de cese de funciones (funcionarios del Poder Ejecutivo), o se establecerá falta grave para que actúen las máximas autoridades sumariales.

 

En caso de un resultado positivo y el funcionario lo requiriera, se deberá realizar una contraprueba dentro de los 10 días hábiles siguientes. Asimismo, los funcionarios deberán someterse a una Junta Interdisciplinaria creada ad hoc a los fines de configurar si se trata de una adicción.

Hasta el momento no se ha realizado ningún sorteo y por ende ninguna prueba para establecer si se consume o no algún estupefaciente, es decir la ley no se cumple.

 

¿Qué dice la ordenanza?

 

La ordenanza 3075/18, fue votada en septiembre, luego promulgada por el Ejecutivo municipal. La normativa fue aprobada luego de un extenso debate entre los ediles y fue votada por unanimidad (todos).

En su primer articulado se adhirió a la Ley provincial 1233 (antes descripta), es decir estar de acuerdo en todos sus conceptos.

La norma alcanza al Intendente; Secretarios y Subsecretarios; Directores generales; todos los cargos políticos creados por Carta Orgánica Municipal; Juez; Secretario y Prosecretario de Faltas. Vocales; Fiscales y Relatores del Tribunal de Cuentas. Concejales; Secretario Administrativos y Legislativo y Asesores Legislativos.

También se resolvió que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande o la Secretaria que en el futuro la reemplace. En tanto que el Poder Legislativo Municipal y Tribunal de Cuentas Municipal, determinarán quién efectuará el procedimiento, y “los funcionarios se realizan el examen de acuerdo al orden establecido por mecanismo de sorteo público.

Cosa que nunca se hizo, es decir la ordenanza no se está cumpliendo en ninguno de los poderes que representan la ciudad, por ende, ningún funcionario se hizo el control para saber si consume o no drogas.

La ausencia del Poder Judicial

La ley no alcanza –según su letra- a magistrados ni funcionarios judiciales, quienes una vez más se encuentran avalados por ese poder que pareciera sobrenatural que los ampara. Es que los magistrados y funcionarios no pagan impuesto alguno, por ejemplo, el aporte solidario de aquella ley de principios del 2016 ni, en el resto del país, el de las ganancias.

Una vez más el poder judicial se encuentra beneficiado por el poder político que legisla las normativas: ¿Será devolución de favores?

Noticia a nivel nacional

Luego de sancionada la ley y las ordenanzas en la provincia, la noticia tomó un vuelo nacional apareciendo en diarios, portales web y espacios televisivos como una avanzada política en la lucha contra el narcotráfico.

Claro, todos sin saber que LA LEY Y LAS ORDENANZAS SE HICIERON PARA LA GILADA.

¿Estarán esperando a renovar sus mandatos?

La demora en la ejecución de una ley en nuestra provincia se encuentra atada a especulaciones por parte de los gobernantes. Pues, sabido es que, si un concejal, legislador o titular de un poder ejecutivo se encontrara implicado en el consumo de algún estupefaciente, perdería imagen positiva de cara a las elecciones e, incluso, podría hasta perder su cargo.

Esa especulación alcanza también a los Ministros y Secretarios del gobierno y las intendencias.

Por lo tanto, la noticia de impulso en la lucha de nuestra provincia contra el narcotráfico no quedó en más que eso, una noticia… para la gilada.

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