Judiciales

El juez Pablo Candela se encamina a ser Defensor Público de Víctimas

El juez de Instrucción 3 de Río Grande, Pablo Candela, se encamina a ser nombrado por el Senado de la Nación, como Defensor Público de Víctimas en Tierra del Fuego, luego que su postulación no fuera objeto de impugnación y luego de haber sido entrevistado por los integrantes la Comisión de Acuerdos que preside la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).


El pasado 27 de julio, se reunió la Comisión para la entrevista a 15 postulantes (9 hombres y 6 mujeres), a ocupar distintos cargos en la justicia y en el Ministerio Público, en audiencias públicas previstas para escuchar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre quienes figuran el doctor Pablo Alfredo Candela.


Cabe recordar que el actual Juez de Instrucción 3 de Río Grande asumió en ese cargo el 12 de diciembre de 2019.

Cuenta con una trayectoria de 30 años en el Poder Judicial, ocupando distintos cargos como el de Secretario de Fiscalía y relator de un Tribunal Oral Federal, en la ciudad de Buenos Aires, entre otros. Ya en Ushuaia, y antes de concursar por el cargo de Fiscal en Río Grande, Candela trabajó como secretario del Juzgado Electoral.


En la actualidad, Candela es uno de los postulantes admitidos en el concurso abierto para ocupar la vacante existente en el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande, sobre lo cual la semana pasada el Consejo de la Magistratura ratificó esa condición, luego de haber sido superada la etapa de impugnaciones.

En la entrevista realizada el pasado 28 de julio, Fernández Sagasti solicitó a los expositores que solamente brindaran información «si hubiera alguna novedad en sus currículums, las características del lugar para el que son candidateados y cuál es su postura sobre la tributación del impuesto a las ganancias para jueces y juezas».


El cargo para el que se postuló Candela, fue creado mediante ley 27.372 sobre “Derechos de las personas víctimas de delitos”, en la que se instituye que todas las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena.


Entre los objetivos que plantea la ley, están la de reconocer que las víctimas tienen derecho a recibir asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.


Poner en marcha mecanismos para que todas las autoridades prevengan, investiguen y sancionen los delitos; y poner en marcha mecanismos para lograr la reparación de los derechos de la víctima; son otros de los objetivos planteados en la ley 27.372.


De acuerdo a lo que indica la normativa, el Defensor Público de Víctimas debe actuar en las siguientes situaciones: Cuando la víctima es menor de edad; cuando la víctima tiene más de 70 años; cuando la víctima es una persona con discapacidad; cuando la víctima tiene una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación con el autor del delito.

Fuente: EDFM

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *