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Cuarentena Fueguina: todo lo que tenés que saber de la restricción ambulatoria y sus posibles sanciones

En las últimas horas de este lunes el Gobernador Gustavo Melella dispuso una cuarentena general para toda la provincia de Tierra del Fuego, dejando a salvo sectores comerciales donde se venden provisiones de primera necesidad. Asimismo, se ordenó el cese de la actividad administrativa, industrial, comercial que no entre en la excepción, turística y recreativa.

Mediante el decreto provincial 468/20, Melella decretó que las personas consideradas como parte del «grupo de riesgo» no deben salir de sus domicilios, debiendo designar un adulto responsable para las compras de alimentos, medicina y demás de primera necesidad. Esta premisa se encuentra en el artículo 1 de dicho decreto y es el que, básicamente, restringe la libertad ambulatoria de las personas, es decir, la facultad de todos los vecinos de circular por las calles cuando así lo deseen.

Sin dudas la medida es de aspecto preventivo en consonancia con las medidas tomadas días anteriores por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta y qué sanciones pueden recaer sobre los que incumplan la manda?

Lo cierto es que el artículo 8 del mismo decreto establece que «el incumplimiento de las medidas mencionadas, hará pasible a quien las quebrante de las disposiciones contempladas en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación».

¿Qué contemplan los artículos 205 y 239 del Código Penal? El primero nos dice que «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia». Esta situación es totalmente coincidente con la realidad que vivimos actualmente en nuestra provincia.

El segundo artículo contempla la desobediencia a una orden de autoridad competente, toda vez que «Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

Entonces, en caso de no aceptar la orden de concurrencia mínima a los espacios públicos que quedaron habilitados tras la emisión del decreto del Poder Ejecutivo, se podría arrestar a algún ciudadano y dar intervención a la justicia penal por concurrir el accionar en los delitos antes mencionados.

Sin perjuicio de la sanción penal, sin dudas que el objetivo primordial de las medidas adoptadas es la prevención, instando a los habitantes de la Isla a quedarse en sus casas, tomar conciencia de la delicada situación y dar efectivo cumplimiento a la competencia que el artículo 53 de la Constitución Provincial le otorga al Mandatario fueguino.

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