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No todo es culpa de Perez

Durante las últimas semanas se provocó un gran revuelo (en el sentido estricto de la palabra) por la denuncia que hizo el Municipio de Río Grande sobre una estafa que perjudica al erario público. Para los dispersos, se trata de la presunta defraudación cometida por César Segovia, ex Director de Juventud del Municipio, por la suma aproximada de 3.8 millones de pesos.

El Municipio desplegó, al enterarse del presunto desfalco, una investigación interna y una denuncia ante la justicia penal a fin de que se investigue lo sucedido.

Segovia habría utilizado una tarjeta corporativa de la administración pública local, efectuando gastos personales con fondos públicos.

La situación generó el revuelo en el sentido que se comenzaron a ver fantasmas en todos lados. Desde sectores políticos que parecían cercanos al oficialismo de Río Grande se comenzaron a hacer acusaciones públicas y a pedir renuncias, ignorando que desde el propio municipio se efectuó la denuncia.

En paralelo a la investigación, un vecino de Río Grande presentó un pedido de juicio político para Martín Perez, responsabilizándolo de lo sucedido. El Concejo Deliberante activó el proceso de investigación y, finalmente, según indicaron, luego de analizar las constancias administrativas y judiciales determinaron este miércoles que no existió responsabilidad alguna por parte del Jefe Comunal.

Lo que si dejó al descubierto la situación fue que, claramente, nos encontramos en época electoral. Desde sectores (a sorpresa, “cercanos” al oficialismo) se utilizó la denuncia radicada por el municipio con un oportunismo político pocas veces recordado.

No todo es culpa de Perez. Así como no lo fue de Melella cuando, en plena pandemia, la justicia federal investigó, descubrió y allanó la vivienda particular de un ex subsecretario provincial por una causa de droga, en la cual se vincularon permisos excepcionales (por la restricción a la circulación de la época).

A nadie, ni propios, ni ajenos del Gobierno Provincial, se le ocurrió pedir un juicio político sobre Melella o la renuncia de Castillo, la Ministra del área donde se desempañaba el subsecretario.

Incluso más, ni el propio Gobierno de Melella despidió al involucrado hasta no tener una certeza judicial para desvincularlo de la administración.

Al contrario, en medio de una pandemia y sin ninguna elección cerca, a ningún partido político de la provincia se le ocurrió pedir juicios políticos o renuncias.

El escándalo deberá ser resuelto en la justicia y, como piden muchos vecinos en las redes sociales, la plata tendrá que ser devuelta por parte de Segovia (quien inmediatamente conocido el presunto delito fue despedido por Martín Perez).

El resultado de la situación será, sin dudas, un barajar y dar de nuevo en las relaciones políticas del Municipio de Río Grande con aquellos que se creían propios y, ante un escándalo judicial, se enfrentaron con ánimos de sacar una tajada de cara a las próximas elecciones.

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